Las 64 legisladoras del Senado, que por primera vez en la historia representan 50% del poder del voto en el pleno, se convirtieron en el grupo que marca el ritmo y el estilo de trabajo en esta Cámara, pues ellas protagonizan el debate, las pugnas y los cambios parlamentarios
Gritos, jaloneos, descalificaciones, reproches e intentos de veto político caracterizan la relación política de las mujeres en el Senado, pero en medio de esa polarización lograron ponerse de acuerdo para avanzar en una agenda legislativa que apuesta por la inclusión de minorías y la paridad de género en el orden jurídico nacional y conseguir, de manera inédita, presidir el 56.6% de las comisiones de trabajo.
Las 64 legisladoras del Senado, que por primera vez en la historia representan 50% del poder del voto en el pleno, se convirtieron en el grupo que marca el ritmo y el estilo de trabajo en esta Cámara, pues ellas protagonizan el debate, las pugnas, los cambios legales y encabezan la toma de decisiones en la Mesa Directiva, presidida por una de ellas, Olga Sánchez Cordero, y tienen el 83.3% de los asientos.
Ellas encabezan 26 de las 46 comisiones ordinarias de trabajo; es decir, tienen el poder en el 56.6% del trabajo legislativo en temas como gobernación, derechos humanos, seguridad pública, salud, asuntos indígenas, comunicaciones y transportes, energía, bienestar social, agricultura, seguridad social, cultura, derechos de la niñez y la adolescencia, relaciones exteriores con las naciones de América, Asia, África, Europa y Oceanía, así como con todos los organismos multinacionales.
El Senado logró conformar un auténtico equilibrio en el poder interno que representan las presidencias de las 46 comisiones, pues 19 de ellas son presididas por mujeres, 19 son encabezadas por hombres y ocho tienen igualdad entre hombres y mujeres, es decir, 50% del voto corresponde a cada género.
Aunque las decisiones de cómo gastar los cuatro mil millones de pesos de presupuesto anual surgen de la Junta de Coordinación Política, que es el único órgano de gobierno dominado por hombres, las mujeres son quienes vigilan que ese dinero se gaste como está planeado, pues una de ellas preside la Comisión de Administración, Soledad Luévano, donde hay ocho mujeres y sólo tres hombres.
Como ya lo documentó Excélsior al cerrar el primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, las senadoras no sólo son un número en comisiones; son cada vez más participativas en la construcción de leyes y reformas; son parte obligada de las discusiones políticas privadas, donde nacen los acuerdos.
La senadora que está en la negociación de todas las reformas y leyes relacionadas con el Estado de derecho y la seguridad pública es la priista Claudia Ruiz Massieu, en mesas donde la presencia masculina es mayoritaria, con los morenistas Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez Aguilar; el panista Damián Zepeda; los emecistas Dante Delgado y Noé Castañón y el perredista Miguel Ángel Mancera.
Pero no es la única que sin ser parte de la Junta de Coordinación Política se ha colocado en la construcción de acuerdos. Xóchitl Gálvez, incluso en diciembre del 2020, propició que no saliera el nombramiento del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por los desacuerdos que tenía, o contribuyó a que se cambiara, de último momento, la decisión de nombramientos de los últimos dos integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Kenia López Rabadán, también del PAN, propició que la definición del Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2020 y 2021 se retrasara durante siete meses, en protesta por el monopolio de perfiles que impulsó e impuso Morena en las mujeres a premiar. López Rabadán logró el ofrecimiento que en las futuras premiadas, a partir de este año, se incluya a mujeres de todos las posiciones ideológicos.
La morenista Ana Lilia Rivera es la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde se va el 80% de reformas y nuevas leyes, por lo que encabeza la Comisión de trabajo número uno en productividad legislativa.
Beatriz Paredes, priista con una amplia trayectoria en el mundo del Poder Legislativo, es parte indispensable en la construcción de acuerdo que requieren de una visión política para destrabarlos, como cuando se toma la tribuna; su influencia política es fundamental para dar impulso a acciones del Senado en la relación con las entidades federativas.
Pero el papel de las mujeres en el Senado también ha roto la hegemonía masculina en las polémicas del pleno y hasta en los zafarranchos, con o sin toma de tribuna, pues la tensión de las diferencias políticas que tienen las mujeres en el Senado las polarizó al grado de ejercer violencia política sobre algunas de ellas, como le ocurre con frecuencia a la panista Lilly Téllez, a quien en el pleno y en redes sociales, las mujeres de Morena le agreden en su persona para llamarle “farsante”.
Como le ocurrió el jueves 3 de marzo a la priista Nuvia Mayorga Delgado, a quien la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, descalificó, al considerar una de sus participaciones en la Comisión de Salud del Senado como “idioteces”.
También le ocurre a la panista Kenia López Rabadán, a quien boicotean sus sesiones de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos o, de manera inédita, piden que se le destituya, porque no están de acuerdo en sus posiciones políticas, como lo expresaron las morenistas Antares Vázquez, Margarita Valdés y Martha Lucía Micher.
Con el apoyo de la Mesa Directiva, Morena logró que los temas de la Comisión de Derechos Humanos le sean turnados ahora a la Comisión de Gobernación, con el propósito que las decisiones no queden en la decisión de López Rabadán, sino en una morenista.
Así, la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, que fue un tema exclusivo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en las LXI, LXII y LXIII Legislaturas, en la LXV Legislatura es la Comisión de Gobernación la responsable del proceso, luego que durante la LXIV Legislatura Morena se negó a hacer quórum en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, para evitar que Kenia López avanzara en el trabajo.
Una violencia política por razones de género fomentada por la propia institución legislativa, al hacer a un lado a una legisladora que, constitucionalmente, es igual al resto de los 127 integrantes del pleno.
En el Senado, son las mujeres las que toman la tribuna, como ocurrió el 15 de febrero, cuando las panistas llevaron la maqueta gigante de una residencia de lujo en Houston, Texas, para colocarla en el centro de la tribuna, a fin de obligar el debate sobre un posible conflicto de intereses entre el dueño de esa casa y Petróleos Mexicanos (Pemex), por rentarle el inmueble al hijo mayor del Presidente de la República.
Son las senadores opositoras las que cuelgan las mantas en el Patio del Federalismo para mostrar actos de corrupción del gobierno federal y son las mujeres las que suben a tribuna a confrontarse verbalmente, como lo hizo el 15 de febrero pasado la morenista Bertha Alicia Caraveo, quien llamó groseras a las panistas; o como lo hace con frecuencia la también morenista Lucía Trasviña, que llama “sátrapas” y “lurios” a los integrantes de la oposición.
Y así como hay diatribas expresadas por las legisladoras federales, también lanzan discursos que expresan críticas, sin hecatombes verbales, como los que dicen Beatriz Paredes, Claudia Anaya, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Sylvana Beltrones, Josefina Vázquez Mota, Minerva Hernández, Indira Rosales, Patricia Mercado, Nadia Navarro, Alejandra Reynoso o Alejandra Lagunes.
Mujeres que como la morenista Martha Lucía Micher Camarena acepta públicamente errores o excesos verbales y es capaz de ofrecer disculpas públicas, como lo ha hecho ante el pleno, en comisiones y en sus redes sociales, cuando sus posiciones públicas generan controversias, como el hecho de expresar descalificaciones contra mujeres, pese a ser la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.
Las mujeres en el Senado hacen alianzas, pese a sus diferencias políticas, que en algunos casos son profundas, para avanzar en legislaciones de inclusión de grupos vulnerables; para proteger a la niñez de acoso sexual o delincuencias; para proteger a las niñas de la trata de personas; para procurar salud a las mujeres.
Se dividen, sin embargo, cuando las decisiones del Ejecutivo federal afectan programas diseñados para proteger a los grupos vulnerables, como ocurrió al arranque del 2018, cuando el gobierno federal decidió cerrar las estancias infantiles y los centros de apoyo a mujeres maltratadas; reducir presupuestos a la búsqueda de personas desaparecidas o por la ineficacia en la compra de medicamentos contra el cáncer.
Mientras las senadoras del PAN y PRI defendieron esos programas, las mujeres de Morena respaldaron al Ejecutivo federal, como ocurre ahora con la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo a nivel federal, pues las senadoras del PRI y el PAN alertan las graves consecuencias por esa decisión, que afectará a quienes menos dinero tienen; las senadoras de Morena y sus aliados políticos, guardan silencio y avalan así la decisión oficial.
Y en esa dinámica de igualdad plena de los derechos políticos que tienen, las mujeres del Senado rompieron hasta el monopolio de los llamados chapulines y dan saltos tan inesperados como el que dio la expanista Martha Cecilia Márquez Alvarado, que después de ser una de las más duras críticas del gobierno federal de Morena, renunció al PAN y se fue al Partido del Trabajo, que es un aliado del gobierno federal de Morena; será candidata del PT al gobierno de Aguascalientes.
Ese salto de Martha Cecilia Márquez Alvarado fue tan notorio como el que dio el morenista José Luis Pech, quien después de ser de los llamados ultras de Morena, autodefinidos como “los puros”, decidió dejar Morena y saltar como candidato de Movimiento Ciudadano para el gobierno de Quintana Roo.