En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura.
Organizaciones civiles han detectado que durante la pandemia de COVID-19 se ha agudizado el delito de tortura en México. Los datos se exponen a través del informe “México: La Tortura y la Impunidad se agudizan en tiempos de la pandemia” presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
De acuerdo con las cifras e investigaciones de instancias públicas y de sociedad civil, en los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales.
Dichas denuncias, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259, de los cuales sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria; en el marco del fuero local, sólo en 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
El nuevo informe publicado por la OMCT y la Red TDT revela un aumento de la población carcelaria, de la violencia a manos de los cuerpos de seguridad y el abandono de los derechos y necesidades básicas de los migrantes.
A pesar de la aprobación Ley de Amnistía y otras figuras legales no se ha reducido la sobrepoblación carcelaria, por el contrario, esta ha aumentado de forma significativa en 2020 – más de 14 mil personas -. Entre las personas privadas de libertad, se han documentado 3 mil 456 casos de contagio por SARS-COV-2.
También preocupa la información sobre la falta sistemática de atención de las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo en estaciones migratorias que continúan llenándose en un contexto de creciente securitización de las fronteras y controles migratorios. El uso recurrente de la fuerza dentro de dicho espacios, en los corredores y contra las caravanas de migrantes también ha sido constante y agravado.
Durante la misión, también se observó un recrudecimiento de la represión, por parte de fuerzas de seguridad civiles y militares, en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país, siendo las protestas en Jalisco en junio de 2020 un caso emblemático.
En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos.