Voces coinciden en bondades del programa, pero denuncian anomalías en diversos estados del país. En juego, 20 millones manejados en 2020 y 2021; otros 14 millones dispuestos para 2022
Su tono de voz denota desencanto: “Cuando nos avisaron que el gobierno depositaría dinero para la escuela, los representantes del Bienestar dijeron que se necesitaba de urgencia una cotización de las obras a realizar; así, de un día para otro. Supimos después cuál era su interés: beneficiar a supuestos asesores a quienes debimos entregar un gran porcentaje del recurso. Eran familiares, amigos o personas con las que ya habían hecho trato”, cuenta doña Patricia, integrante de uno de los comités de La Escuela es Nuestra (LEEN) en Puebla (municipio de Venustiano Carranza).
Alteración de comprobantes, desvío de recursos, procesos amañados para adquisición de materiales e insumos, sobreprecios, subejercicio y violación a lineamientos de operación están entre las irregularidades de este programa emblemático de la 4T, más aún en la coyuntura del deterioro de instalaciones durante la pandemia y el controvertido regreso a clases.
Aunque la mayoría de las voces consultadas coinciden en sus bondades en un país de permanente olvido a la infraestructura escolar, la iniciativa también encierra abusos, malversación y descontrol por parte de las autoridades centrales.
En juego está el manejo de casi 20 mil millones de pesos destinados en 2020 y 2021 al programa, el cual tendrá un aumento del 11 por ciento para 2022, al destinársele casi 14 mil millones de pesos, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin generalizar, Crónica encontró historias sobre anomalías en diversos estados del país como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nuevo León, algunas de las cuales ya han sido denunciadas por la vía penal y administrativa, ante la Secretaría de la Función Pública e instituciones involucradas.
“Aquí, abusaron de la gente más pobre del estado”, cuenta Fernando Terán, quien ha dado seguimiento a los casos en el municipio de Xichú, uno de los de mayor marginación en territorio guanajuatense, y el cual carece hasta de servicios básicos como agua, drenaje y electrificación.