La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró, aseveró que por muy fuerte e importante que sea el fenómeno de la migración en el territorio nacional, el Estado no puede dar una respuesta que no vaya acorde con el respeto a los derechos humanos y, desde luego, con la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos.
En el marco del Seminario “Constitucionalidad de la detención y defensa migratoria”, la investigadora universitaria dejó en claro que las personas en condición de migrantes en nuestro país, independientemente de la condición con la que ingresaron al país, tienen derecho a la defensa como cualquier otra.
“El Artículo 1º Constitucional precisa que, toda persona…”, -no dice todo ciudadano- nacida en dicho territorio, ingresada con ciertos papeles.
No cabe la menor duda, dijo, que en los tiempos actuales las migraciones son el gran fenómeno, no es algo nuevo, ante lo cual las políticas migratorias están en crisis y tienen señales de desgaste, por lo que es necesario replantearlas.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, se refirió al falló de la Primera Sala sobre un juicio de amparo indirecto en el que se planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Migración.
La investigadora señaló que “se siguió la secuela procesal, el asunto fue sometido a la jurisdicción de la SCJN y en el amparo en revisión 388 del 2022 se establecieron ciertos estándares que, desde nuestro punto de vista, resultaron novedosos en materia de protección y garantías de los derechos humanos reconocidos en las personas migrantes”, explicó.