Instituciones públicas estatales no justificaron la documentación de excedentes en sueldos, estímulos o prestaciones
CIUDAD DE MÉXICO. Las auditorías aplicadas a las universidades públicas estatales de los recursos ejercidos en 2020 muestran que, en los próximos cuatro meses, sus autoridades deberán aclarar un monto por mil 989.5 millones de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; por pago de conceptos no autorizados como excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos; transferencias de recursos a otras cuentas bancarias o porque hubo recursos sin ejercer que no se reintegraron a la TESOFE.
En la revisión de los recursos de la Cuenta Pública 2020, se observó un monto inicial de 4,746.4 millones de pesos, de los cuales, 2713.5 fueron justificados durante la etapa de aclaración. De la diferencia por 2,032.9 millones de pesos, 1,989.5 millones están pendientes por aclarar y 43.4 millones de pesos corresponden a las recuperaciones operadas por la intervención de la ASF.
Se emitieron observaciones a 29 universidades públicas estatales, encabezando la lista por los montos observados la Autónoma de Coahuila (554 millones); la Autónoma del Estado de Hidalgo (380 millones); de Chiapas (177 millones) y de Querétaro (170 millones).
FALLAS A NIVEL SUPERIOR
El análisis mostró anomalías en el programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, diseñado para las instituciones de Educación Superior, en las universidades autónomas de Hidalgo y Sonora.
La ASF señaló que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo adjudicó directamente 220 órdenes de compra sin acreditar que existieran casos fortuitos o de fuerza mayor ni que existieran circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales.
La Universidad de Sonora realizó 156 adjudicaciones directas por excepción a licitación pública, sin contar con las autorizaciones correspondientes, y sin documentar el acreditamiento de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
En tanto, la Secretaría de Educación del gobierno de Coahuila comprometió recursos por 4 millones 500 mil de pesos para la organización, sin contar con disponibilidad presupuestaria, y realizó el pago de 522 mil pesos, sin que los servicios se hubiesen devengado.